Hasta el momento los inmigrantes ilegales en España gozan de algunos servicios básicos, como empadronarse en el ayuntamiento de la población de residencia, la asistencia sanitaria y el derecho a la educación, siempre que sean menores de 18 años.
Sin embargo, estos servicios podrían dejar de ser percibido por esta parte de la población, si se lleva a cabo la propuesta como la que pretende implementar el Ayuntamiento de Vic, una de las ciudades del interior de Cataluña.
Vic, una de las zonas de Barcelona con mayor número de extranjeros, busca frenar la inmigración ilegal quitando algunos derechos, como el que tienen los foráneos de inscribirse en el Padrón Municipal.
Esta medida ha sido calificada como discriminatoria e ilegal por algunas instituciones de ayuda al inmigrante como son: SOS Racismo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y otras entidades de la zona.
Por su lado, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tacha de “ilegales” las medidas anunciadas por el cabildo de Vic, y asegura que pueden “derivarse en responsabilidades a quien lo haga”.
“El Ayuntamiento de Vic no ha cogido el camino correcto; si el consistorio quiere cambiar la ley de empadronamiento debe dirigirse a los organismos competentes", dice Corbacho, en declaraciones para Catalunya Radio.
El ministro de Trabajo e Inmigración reconoce que la “ley de empadronamiento tiene problemas”, por lo que es necesario tomar medidas que limiten el número de habitantes en una vivienda, para evitar los llamados “pisos pateras”.
Sin embargo, asegura que todas las personas que viven en una localidad tienen el derecho a empadronarse, para poder acceder a los servicios sociales que les corresponden aunque no estén legalmente en el país.
La medida, que será debatida este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Vic, en un principio pretendía delatar a los sin papeles que se registraran, pero actualmente, sólo pondera negarle la inscripción en el padrón municipal.
Lo que está claro, es que la posible aplicación de esta medida para el mes de febrero, ha causado revuelo entre los sectores que defienden el derecho a empadronarse que tienen los inmigrantes irregulares, como se prevé en las leyes vigentes de España.
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