Lo ideal sería que cualquier persona pudiera vivir dignamente en su país de origen y no tuviera que emigrar obligado por la miseria y una existencia sin expectativas. En ese ámbito de los principios la mayoría estamos básicamente de acuerdo, sin embargo el problema llega cuando hay que pasar de los deseos a los hechos, de la teoría a la realidad.
En el asunto de la inmigración, como en tantos otros temas, es más cómodo quedarse en el campo de las intenciones y de las ideas, en ese espacio donde aparentemente no existen las dudas porque no somos interpelados por los acontecimientos que nos rodean. Resulta fácil, por ejemplo, proclamar la fraternidad mundial o la apertura de las fronteras nacionales, pero, eso sí, allá se apañe al que le toque solucionar los conflictos que genera el problema real.
Las sociedades democráticas modernas se dotan de normas y de unas formas de organización que de un modo u otro todos aceptamos y compartimos, son las reglas del juego que fundamentan las relaciones humanas y que hacen posible la convivencia entre ciudadanos diferentes. Estas normas no son perfectas, pero logran al menos que vivamos en relativa paz, que la ley de la selva no gobierne nuestras vidas y que no nos matemos unos a otros por las calles.
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