El pasado mes de diciembre entró en vigor la nueva Ley de Extranjería. Se trata de la cuarta reforma que se realiza a esta legislación en España en menos de una década.
La reforma a esta Ley ha sido criticada por diversas ONGs y otras organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes residentes en este país, al considerar que vulnera muchos de los derechos de los extranjeros.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR-SUR), Andalucía Acoge y Cáritas Regional de Andalucía, son algunas de las instituciones que llaman la atención sobre algunos de los cambios hechos a la Ley de Extranjería, como el que tiene que ver con las restricciones de “manera injusta” a la reagrupación familiar de los ascendientes del inmigrante, lo que pondrá trabas a la integración social.
Critican la obligatoriedad de comenzar un expediente para sancionar a los extranjeros que residan en España en situación ilegal y que denuncien ser víctimas de la violencia de género, lo que a juicio de los miembros de estas organizaciones es “objetivamente desincentivará esas denuncias”.
Con la nueva Ley de Extranjería también se sancionará a las personas que alojen y permitan el empadronamiento de sin papeles, lo que no estaba contemplado en la pasada legislación.
Otras de las novedades en esta ley, es el período máximo de internamiento en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), que de 40 días que estaba permitido se ha aumentado a 60.
Puntos a destacar en la nueva Ley de Extranjería
Internamiento de inmigrantes: El período máximo aumenta de 40 a 6º días los CIE.
Reagrupación familiar: Limita a que los padres del inmigrante sea mayor de 65 años (salvo casos excepcionales demostrados) y a que los extranjeros lleven cinco años de residencia legal en España.
La pareja de hecho también podrá ser reagrupada.
Los familiares reagrupados con edad laboral recibirán la autorización de trabajo conjuntamente con la residencia.
Las extranjeras sin papeles que denuncien violencia de género podrán recibir una autorización provisional de residencia y trabajo hasta que se dicte la sentencia.
Las víctimas de tráfico de mujeres si colaboran con las autoridades obtendrán la residencia.
Se sanciona a los empresarios que contraten personas irregulares y deberán pagar la repatriación de los expulsados.
Se impide el acceso a la universidad de los mayores de 18 años sin residencia en España.
Muchas de las medidas que contempla la nueva Ley de Extranjería son consideradas injustas y no favorece en nada a la integración social de los inmigrantes que residen actualmente en España.
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