El no querer empadronar a los inmigrantes irregulares por parte de Vic, en Barcelona, y posteriormente, destaparse la noticia de que en Torrejón de Ardoz, también existen trabas para los extranjeros registrarse en el ayuntamiento de esa comunidad, ha desatado un debate más político que social en España, en torno a la Ley de Extranjería.
De ahí que muchos políticos y funcionario del Gobierno que preside el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), coinciden que esas medidas no pueden ser aplicadas porque contradicen la Ley de Bases de Régimen Local, sobre el derecho que tienen las personas a empadronarse en la residencia habitual, con tan sólo poseer el pasaporte o el documento de identidad en vigor.
Tachan de “ilegal” dichas medidas, lo que ha sido confirmado esta semana por la abogacía del Estado, lo que obligó a Vic echar para atrás la idea de limitar el padrón a los residentes legales en España.
Lo mismo pasa con Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde decenas de inmigrantes y defensores de los derechos de los extranjeros, han criticado que se les pida más requisitos que a las demás personas, a la hora de querer inscribirse en el padrón municipal.
Como era de esperarse, esta situación ha sido aprovechada por miembros del Partido Popular (PP), quienes desde la oposición se muestran en contra de la política de inmigración que ha llevado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PP critica que en España se permita que cualquier persona pueda anotarse en el padrón municipal sin estar legalmente en esta nación, y cree necesario que en la Unión Europea haya una única ley que pueda regir la inmigración.
Aunque el líder del PP, Mariano Rajoy, dice estar de acuerdo con la inmigración, al señalar que "todos los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos”, asegura que en la actualidad la Ley de Extranjería es un “verdadero problema” y plantea que se haga una modificación.
Por su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tildó de “oportunista, ocurrente y contradictoria" la propuesta de
Rajoy, sobre la posibilidad de que los inmigrantes reciban los servicios básicos (sanidad y educación) sin la necesidad de que estén empadronados.
En España, actualmente viven más de 4 millones 600 mil inmigrantes de forma regular, pero no se sabe con exactitud el número de sin papeles, que se estima ronda el millón de personas.
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